Belgrano Cargas: claves de la licitación que impulsa el Gobierno para avanzar con su privatización

El gobierno del presidente Javier Milei se apresta a lanzar la licitación del Belgrano Cargas, la compañía estatal incluida en la lista de empresas sujetas a privatización en la Ley de Bases de 2024.

La inminencia del llamado se produce luego de que la administración libertaria presentara ante empresarios los principales lineamientos del plan y sus plazos durante el Argentina Week, realizado a mediados de mes en Nueva York.

La propuesta oficial se basa en un esquema de acceso abierto (open access) y desintegración vertical. El primero permite el uso de las vías sin necesidad de contar con su concesión, mientras que el segundo implica que la operación de los trenes y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria puedan adjudicarse por separado.

Estos lineamientos generan inquietud entre las empresas interesadas, ya que no coinciden con los estándares internacionales. En particular, el modelo de acceso abierto no se aplica al transporte de carga en otros países; en Europa, por ejemplo, solo rige para servicios de pasajeros y con participación estatal en el financiamiento de la infraestructura.

En cuanto a la desintegración, el Gobierno prevé licitar por separado las vías, el material rodante y los talleres. Además, establece que en cada segmento deberán presentarse empresas distintas, por lo que un mismo grupo inversor que busque operar en más de un área deberá hacerlo a través de diferentes CUIT.

La red a concesionar abarca 7.594 kilómetros operativos correspondientes a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que atraviesan 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales: Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.

El Ejecutivo estima una inversión total de 755 millones de dólares: 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza, con un

tope de financiamiento de 435 millones para el conjunto del proyecto.

El cronograma oficial prevé el lanzamiento de la licitación antes de fin de marzo. Una vez abierta, habrá 90 días para la presentación de ofertas, seguidos por un mes de evaluación y otros 30 días para la firma del contrato, lo que ubicaría la adjudicación hacia mitad de año. Luego se contempla un período de transición de 90 días y la concreción final de la operación en diciembre.

Hasta el momento, la única empresa internacional que manifestó un interés firme en participar es Grupo México, que opera en México y Estados Unidos. No obstante, la firma planteó diferencias con el esquema propuesto y expresó su preferencia por concentrar toda la operación en una única oferta, con una inversión estimada en 3.000 millones de dólares.

En paralelo, también buscan participar las principales agroexportadoras del país, agrupadas en un consorcio integrado por Aceitera General Deheza (AGD), la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Bunge, Louis Dreyfus Company (LDC) y Cargill, que compiten por un negocio multimillonario clave para la logística del sector.